El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de Morosidad, incluida en el paquete de medidas de Economía Sostenible, que fija unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas a partir de 2013.
La Ley establece además que las empresas tendrán que informar en su memoria de cuentas anuales sobre los plazos en los que abonan las facturas a sus proveedores
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